Rahomir Benítez Tuirán,
Orlando Benítez Quintero.

Decisión

El Gobierno declaró el estado de emergencia por la alteración del orden social con ocasión de la proliferación, en todo el país, de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público.

Policía cerró DMG

Usuarios de DMG en las afueras de la empresa en el barrio Buenavista.

Montería. Dándole cumplimiento a la directriz del Gobierno Nacional impartida a las 3:20 de la madrugada de ayer lunes, la Policía de Córdoba cerró las oficinas de DMG, propiedad de David Murcia Guzmán.
Los agentes de la Policía llegaron a las 8:00 de la mañana a la sede de DMG ubicada en el barrio Buenavista, en la carrera 7ª con calle 12, acordonaron los alrededores de la casa donde funciona la empresa y le pidieron al administrador y demás trabajadores que se retiraran.
DMG en Córdoba tiene actualmente dos oficinas en Montería, una en Montelíbano y adicionalmente una comercializadora de productos naturales en la calle 25 con carrera 6ª en la capital cordobesa.
César Coral, el administrador de DMG en la región, dijo que "estamos seguros que aquí no va a haber desórdenes porque nuestros clientes saben que somos serios". De hecho, hasta los alrededores de la sede de Buenavista llegaron algunos clientes de la captadora de dineros, quienes certificaron que hace años tienen recursos invertidos en la firma y nunca ha quedado mal. Hoy se programó una marcha de respaldo a la empresa, la cual sería en las horas de la mañana.
DMG en Córdoba tiene unos 3 mil 500 clientes en total, la mayoría de ellos policías, docentes y funcionarios de la rama judicial.

Montería. Rápidamente avanza el trabajo de la liquidación bilateral de la empresa Corporío, que maneja el recaudo de la Zonas Azules en esta capital.
El alcalde Marcos Daniel Pineda García explicó que sostuvo una reunión con las directivas de Corporío y se les entregó un borrador de lo que sería la terminación del contrato.
"Se le hicieron unas pequeñas correcciones al documento que la gente de Corporío solicitó y aspiramos a que en los próximos días se pueda liquidar el contrato de forma bilateral, desde el 31 de diciembre de este año", explicó el mandatario.
Sobre el manejo que se le va a dar a las zonas de parqueos en El Centro cuando ya no esté Corporío, el mandatario señaló que se está trabajando en ello.
"Habrá unas personas debidamente uniformadas que servirán como agentes de movilidad y defensa del espacio público. La gran mayoría de las bahías que existe como Zonas Azules van a continuar y la labor de las personas (que serán 20 en total) será controlar la zona y enseñarle a la gente las normas de tránsito y de convivencia y cultura ciudadana", explicó Pineda García.
Dijo que diez de las personas serán de las que hoy trabajan en Corporío y que se le dará prioridad a dos discapacitados que laboran allí.
Los ocho restantes se escogerán de acuerdo al perfil de necesidades que manejen estas personas. La Administración Municipal asumirá el pago de las mesadas.
Las otras diez personas serán desmovilizados de las autodefensas, que se escogerán a través del programa Ser Social, que es un convenio con Acción Social. La idea es que sea este último ente quien les pague su sueldo.
Corporío es la primera concesión de la ciudad que se cayó por cuenta de la Administración Municipal, debido a que no le generaba ningún tipo de garantías a la Alcaldía de Montería, ya que solo recibía el 10% de las ganancias y el resto se iba a para los particulares.

No pasaron

En total fueron 709 municipios del país que reciben regalías los que no fueron certificados por la Superintendencia en coberturas mínimas de agua potable y saneamiento básico.

Perderían manejo de recursos

Si no logran la certificación, los municipios no podrán manejar sus recursos para invertirlos.

Montería. Ninguno de los 28 municipios de Córdoba (sin incluir a Uré y Tuchín) fue certificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrían perder el manejo de los recursos de saneamiento básico y agua potable.
Esto por no haber reportado a tiempo la información solicitada por la Superservicios a través del Sistema Único de Información -SUI- sobre estratificación socioeconómica.
La entidad explicó que el plazo venció el pasado 15 de septiembre y que si cualquiera de estos municipios quería invertir los recursos de las regalías destinados a agua potable en otro tipo de proyectos tenía que recibir la certificación de la Superservicios sobre coberturas mínimas del 70% en los servicios públicos.
Como no lo hicieron, y no hay prórrogas, entonces sólo podrán invertir estos recursos en agua potable y alcantarillado durante lo que resta del presente año y la mitad del 2009, tiempo en que se expedirán las nuevas certificaciones.
Aclaró la Superintendencia que la no certificación de estos municipios no es una sanción y sólo tiene la consecuencia señalada.
La más importante consecuencia para todos los municipios que han incumplido con su obligación de cargar la información exigida al SUI es su no certificación, con lo cual están en riesgo de perder la administración de los recursos para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales pasarían a manos de las gobernaciones, al tiempo que tampoco podrían realizar nuevos compromisos con cargo a estos recursos a partir de la fecha de la no certificación.
Los municipios que han remitido la estratificación corresponden, principalmente, a los departamentos de Cundinamarca con 36 municipios, Boyacá 27, Santander 23 y Valle 18 municipios. La Superintendencia concedió un plazo adicional para el reporte a los municipios de Antioquia, Medellín, Cali y Bogotá, por tratarse de sistemas catastrales especiales.

Montería. El alcalde Marcos Daniel Pineda García y su secretario de Infraestructura, José David Díaz Sotomayor inspeccionaron el avance de los trabajos de construcción de la Ronda del Sinú, zona norte, y la doble calzada del barrio La Granja, que van a buen ritmo.