A juicio de la Corte, la presencia de la Escuela es una "invasión", una "superposición" del territorio del resguardo por lo que en un periodo no mayor de seis meses deberá devolver el terreno en un proceso que será acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social Caritas,  Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Territorial Meta. 

 Se trata de una "afectación" de 6 hectáreas que son utilizadas para el funcionamiento de la base militar y que hace parte de las 250 hectáreas del terreno "agua bonita" que el Incora adjudicó al Mindefensa en mayo de 1998.

 Según estableció la Corte, esa adjudicación se produjo años después de la conformación del resguardo indígena de la comunidad de Guayaberos por los que los derechos de usufructo de la tierra son de la comunidad y no del Ministerio de Defensa.

"Del análisis del informe se puede extraer que se identificaron 19 construcciones superpuestas de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes, entre ellas están: piscina, torre de observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos", señaló la Corte

 Por su parte, el ministro Juan Carlos Pinzón señaló que esta decisión será apelada, y que espera que la relación que sostiene el Estado y la comunidad indígena ubicada en el territorio de referencia permita superar cualquier inconveniente.