Suárez advirtió que los jueces y magistrados de Justicia y Paz denunciaron que tierras que han sido valoradas en varios millones de pesos, finalmente quedan cotizadas en un porcentaje mínimo y en ocasiones no son entregadas a las víctimas de la violencia.
El magistrado también puso en conocimiento que el trámite para que las víctimas recuperen sus predios es dispendioso y en ocasiones han tenido que esperar varios años para que les asignen tierras.
Un magistrado de Justicia y Paz, quien pidió anonimato, denunció que un exjefe paramilitar entregó terrenos en los que habían más de 50 hectáreas de tierra sembradas con palma de cera y que estaban avaluadas en más de 7.000 millones de presos, inexplicablemente al ingresar al Fondo de Reparación a Víctimas, esos terrenos quedaron valiendo 1.500 millones. El Consejo Superior de la Judicatura, también pidió que se investigue a las entidades y a los funcionarios que han ordenado los avalúos finales de las tierras y se revele el nombre de las empresas y personas beneficiadas con estas irregularidades.
